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Sube el canon del Casino Puerto Madero

Lo incrementó del 20% al 30% de lo recaudado. La concesión data de 1999 y está a cargo del grupo español Cirsa, que analiza llevar el caso a la Justicia nacional y en el extranjero por considerar que se trata de una ruptura unilateral de contrato.

El Gobierno elevó al 30 por ciento la alícuota que recibe el Estado por la explotación de juegos de azar bajo la órbita de Lotería Nacional, y defendió la "necesidad de adaptación y actualización" de ese cifra "a los nuevos tiempos que se viven a nivel país".

La medida impacta sobre el canon que paga el grupo que tiene a cargo la concesión del casino de Puerto Madero, la española Cirsa, que desde 1999 opera las dos salas flotantes ubicadas en esa zona porteña y cuya concesión vence en 2019.

La empresa venía abonando un canon anual que en 2016 llegó a $560 millones y a partir del año próximo rondaría los $1.000 millones.

Esta modificación se produce antes del traspaso de la jurisdicción del negocio de juegos de azar de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, que pasará a tener su propia agencia de loterías.

Para justificar el cambio en el contrato inicial de concesión, el decreto pone como ejemplo lo que perciben otras jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires, donde el beneficio para el Estado por lo que recaudan las máquinas tragamonedas llega al 34%.

También se menciona al Hipódromo de Palermo, en donde el Estado Nacional percibe 30% de canon.

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Con esta medida, se elevó diez puntos la cuota que le corresponde al Estado, ya que el Decreto 600/99 fijaba en 20 por ciento esa cifra.

A través del Decreto 95/2017, el Ejecutivo resaltó que "la razonabilidad de la presente medida está dada por la necesidad de adecuar el porcentaje del beneficio que recibe el Estado a guarismos que resulten justificados y acordes en el marco de la explotación de que se trate".

"En este sentido, la distribución que fija el Decreto N° 600/99 debe ser modificada para reflejar la realidad de la explotación de juegos de azar", señaló el texto publicado en el Boletín Oficial.

La norma señala que la distribución del "beneficio líquido" de las firmas que concesionan los juegos de azar deben "adecuarse a la realidad imperante" con el objeto de generar mayores recursos "para cumplir en forma adecuada la finalidad pública buscada con la contratación".

En el decreto el Gobierno remarcó que "prima la inmutabilidad del fin público" de esta actividad y que "resulta idónea para la generación de fondos que se apliquen a desarrollo social, educación, seguridad o vivienda".

La legislación vigente entiende por beneficio líquido al "resultado obtenido de deducir del monto total de las apuestas las sumas abonadas a los apostadores".

Además de la firma del presidente Mauricio Macri, el decreto fue rubricado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; y su par de Hacienda, Nicolás Dujovne.

La aplicación del decreto podría llevar a Cirsa a denunciar la situación en la justicia argentina y también en ámbitos internacionales teneniendo en cuenta la nacionalidad española del grupo operador. De hecho, el cambio llega en momentos en los cuales Macri prepara un viaje a España en busca de inversiones. “No parece ser una buena señal para los inversores españoles este cambio unlitateral de contrato, en momentos en que el Gobierno pretende mostrar credibilidad para atraer inversiones extranjeras”,dijeron cerca de los dueños de Cirsa.

El decreto llega además, después de la ley sancionada por el Congreso para aplicar un nuevo impuesto a la industria de juegos de azar, y de la decisión del gobierno porteño de cobrar Ingresos Brutos a las empresas de este sector en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Teniendo en cuenta estas normas, los players de este negocio aseguran que la ecuación económica se ha modificado llamativamente y que deben analizar sus números nuevamente para saber si sigue siendo negocio o no explotar salas de juegos en Capital Federal.

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